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Vargavila Riverón cuestiona poca atención al fallo del TC sobre impedimentos de salida




Por: Ruperto Alis / Imparcial RD

Santo Domingo, R.D. – El periodista Vargavila Riverón expresó preocupación por la escasa repercusión pública que ha recibido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que declara inconstitucional que la Dirección General de Migración imponga impedimentos de salida sin una orden judicial previa. A su juicio, este fallo, de enorme trascendencia institucional, debió generar un debate nacional al mismo nivel que la reciente decisión sobre la homosexualidad en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

Riverón recordó que “no todas las sentencias del Tribunal Constitucional son deplorables o criticables, porque también el Tribunal Constitucional de la República Dominicana está impartiendo justicia y está haciendo valer la supremacía de la Constitución”. Sin embargo, cuestionó el desequilibrio en la atención mediática: “¿Por qué no ha generado la misma controversia la sentencia que despenaliza el tema de la homosexualidad o el lesbianismo en las Fuerzas Armadas?”.

El comunicador atribuyó esta disparidad a una cultura social marcada por la búsqueda de sensacionalismo: “Estamos en una sociedad que le gusta alimentar el morbo; así es la sociedad dominicana”. Subrayó que la sentencia que elimina la facultad de Migración para impedir la salida de ciudadanos sin control judicial previo tiene igual o mayor relevancia, pues impacta directamente en las libertades fundamentales, pero aun así “no se le da la connotación ni la repercusión que debe tener”.

Riverón insistió en que este comportamiento se mantiene “al margen de las debilidades institucionales del país” y advirtió que las controversias continuarán “hasta que no se separe la política, el Estado y la Iglesia o las religiones”.

El periodista lamentó que temas esenciales para la consolidación del Estado de derecho queden relegados frente a discusiones que, según dijo, poco aportan a la madurez democrática. Reiteró que líderes de opinión y ciudadanos deben dar prioridad a decisiones que inciden en las garantías constitucionales y en el equilibrio de los poderes públicos.

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