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Condenan a 30 años de prisión a dos hombres por el asesinato de primer teniente de la Policía Nacional



Santo Domingo Este.– Un tribunal de esta jurisdicción impuso 30 años de prisión a cada uno de dos hombres hallados culpables de asesinar a un primer teniente de la Policía Nacional, tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público, por un crimen ocurrido en el año 2023 en la Ciudad Juan Bosch.

Los condenados son Adrison Depestre Sene, alias Anderson, y el ciudadano haitiano Tony Tulysse Desarmes, conocido como Tomy, quienes fueron encontrados responsables de la muerte del oficial José Joaquín Encarnación Montero.

Durante el juicio, el fiscal litigante Juan A. Olivares demostró con pruebas contundentes que los imputados incurrieron en violaciones a los artículos 265, 266, 295, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16, sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, evidenciando la premeditación y asociación de malhechores.

Según el expediente instrumentado por la fiscal investigadora Dahiana E. Castillo, ambos procesados se confabularon para cometer el homicidio por motivos económicos. Depestre Sene adeudaba alrededor de 25 mil pesos a la víctima, mientras que Tulysse Desarmes mantenía un conflicto con el oficial, quien le exigía la devolución de una vivienda que le había facilitado de manera temporal.

La investigación estableció que Depestre Sene citó al primer teniente Encarnación Montero con el pretexto de saldar la deuda pendiente. El encuentro se produjo en la entrada de la Ciudad Juan Bosch, donde ya lo esperaba Tulysse Desarmes. Entre ambos lograron someter al oficial, lo amarraron y lo trasladaron hasta un solar baldío en la avenida Ecológica, donde finalmente le quitaron la vida al dispararle con su propia arma de reglamento.

La sentencia fue dictada por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz y José Leonel Ascencio Quezada, integrantes del Segundo Tribunal Colegiado, quienes ordenaron que los condenados cumplan la pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.

El fallo reafirma la determinación del sistema judicial dominicano de sancionar con el máximo rigor los crímenes que atentan contra la vida y la seguridad, especialmente cuando las víctimas son miembros de los cuerpos del orden.