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DGII actualiza lista de sujetos obligados bajo la Ley 155-17 contra lavado de activos



Impuestos Internos

Santo Domingo, República Dominicana.- La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) divulgó una actualización de la lista de empresas y personas físicas clasificadas como sujetos obligados conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incorporando entidades y profesionales vinculados a actividades consideradas de riesgo.

El documento, actualizado a junio de este año, incluye proveedores de servicios de contabilidad, abogados, compañías constructoras, inmobiliarias, armerías, joyerías y comercios dedicados a la venta de vehículos (“dealers”), entre otros sectores regulados. La DGII aclaró que el listado no constituye una versión definitiva, pues se basa en la actividad económica principal declarada por cada contribuyente.

La institución precisó que aquellos ciudadanos o negocios que aparecen asociados a actividades específicas, pero que en la práctica no ofrecen dichos servicios, pueden solicitar su exclusión. Para ello, deben depositar una comunicación formal acompañada de las evidencias correspondientes, ya sea en el Centro de Atención Presencial de la sede central o en cualquier Administración Local.




Categorías bajo supervisión de la DGII

Como parte del esquema de prevención del lavado de activos, los sujetos obligados no financieros supervisados por la DGII incluyen:

Empresas de factoraje

Comerciantes de metales y piedras preciosas, así como joyerías

Armerías

Casas de empeño

Agentes inmobiliarios involucrados en transacciones de compra o venta de bienes raíces

Empresas constructoras

Empresas o personas físicas dedicadas de manera habitual a la compra y venta de vehículos de motor, embarcaciones y aeronaves

Abogados, notarios, contadores y otros profesionales jurídicos cuando realizan actividades contempladas en el artículo 33, literal e Sociedades fiduciarias que no brinden servicios a entidades financieras o del mercado de valores

La DGII reiteró que esta clasificación tiene el propósito de fortalecer los mecanismos de supervisión y garantizar el cumplimiento de las normativas diseñadas para prevenir operaciones ilícitas dentro del sistema económico nacional.