Colombia, entre los países más peligrosos para defensores de derechos humanos: casi 100 asesinatos al año

BOGOTÁ. — La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reveló un panorama alarmante sobre la seguridad de los defensores de derechos humanos en Colombia, donde se registraron 972 asesinatos entre 2016 y 2025, equivalente a casi 100 muertes anuales.

El alto comisionado Volker Türk calificó la situación como “desgarradora”, al advertir que el país continúa siendo uno de los más peligrosos del mundo para quienes ejercen esta labor.

Violencia persistente pese a esfuerzos oficiales

El informe reconoce avances por parte del Gobierno colombiano, como el impulso de políticas de protección, el diálogo con organizaciones civiles y acciones preventivas ante situaciones urgentes. Sin embargo, advierte que estos esfuerzos no han logrado frenar los patrones de violencia ni superar las debilidades estructurales del sistema.

Según el documento, el país atraviesa un punto crítico: sin medidas efectivas que prioricen la prevención, protección e investigación, la violencia contra los defensores continuará en ascenso.

Factores criminales y conflicto armado

Tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016 en Colombia, se evidenció un incremento gradual de los asesinatos, especialmente en territorios donde operaban antiguamente las FARC-EP y donde la presencia estatal sigue siendo limitada.

En años recientes, la violencia ha estado estrechamente vinculada a economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, la tala indiscriminada y la trata de personas. A esto se suman factores como la impunidad, la corrupción y la debilidad institucional.

Más del 70% de los responsables han sido identificados como actores armados no estatales.

Pueblos indígenas, los más afectados

Entre 2022 y 2025, el informe documentó 410 asesinatos de activistas, de los cuales el 23% correspondía a pueblos indígenas, una cifra desproporcionada considerando que representan apenas el 4,7% de la población.

También figuran entre las víctimas líderes comunitarios, ambientalistas, mujeres defensoras, personas LGBTQ+ y representantes políticos, evidenciando un patrón amplio de persecución.

Durante ese mismo período se registraron 2,018 amenazas y ataques, aunque la ONU advierte que la cifra real podría ser mucho mayor debido a la falta de un sistema unificado de registro.

Llamado urgente a acciones estructurales

El organismo internacional instó a reforzar las políticas públicas, implementar reformas institucionales y garantizar investigaciones penales efectivas para combatir la impunidad.

Türk subrayó que abordar las causas estructurales de esta crisis debe ser una prioridad nacional, con el objetivo de garantizar que los defensores puedan ejercer su labor sin temor.

Recortes limitan respuesta de la ONU

El informe también alerta que los recortes presupuestarios en 2025 han reducido significativamente la capacidad operativa de la ONU en Colombia, obligando a disminuir misiones en zonas de alto riesgo y limitando la atención a comunidades vulnerables.