CODOPYME pide frenar Ley de Residuos Sólidos y advierte impacto en precios y MIPYMES

Santo Domingo. La Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME) solicitó al Gobierno dominicano posponer la entrada en vigor de la Ley 225-20 sobre Residuos Sólidos, al tiempo que instó a iniciar una revisión profunda del marco normativo para corregir lo que considera efectos negativos sobre la economía nacional.

La organización empresarial sostuvo que, en medio de un escenario global incierto —marcado por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, la crisis haitiana y los esfuerzos oficiales por contener la inflación—, imponer nuevas cargas económicas a las MIPYMES resulta contradictorio. Este sector representa más del 98 % del tejido productivo del país.

El presidente de CODOPYME, Fernando Pinales, advirtió que la aplicación de la legislación en su forma actual generará costos acumulativos que terminarán trasladándose al consumidor. A su juicio, esta situación presionaría al alza los precios y afectaría directamente el poder adquisitivo de los hogares dominicanos, en contraposición con la política de control inflacionario.

Aunque reconocen la importancia de la sostenibilidad ambiental, las MIPYMES aseguran estar dispuestas a contribuir con soluciones responsables. No obstante, señalan que no pueden asumir cargas desproporcionadas ni operar bajo condiciones que favorezcan la concentración del mercado y excluyan a pequeños productores.

Otro punto crítico planteado por la entidad es la estructura de gobernanza del fideicomiso encargado de administrar los recursos del sistema. CODOPYME expresó preocupación por la participación de actores con posibles conflictos de interés, lo que, según indica, compromete la transparencia y la sostenibilidad del modelo.

La organización también denunció que, en lo que va de año, se han propuesto al menos dos incrementos en las tarifas del sistema, lo que, a su entender, evidencia un esquema donde quienes reciben los fondos influyen directamente en su aumento. Esta práctica, advierten, beneficia a un grupo reducido de empresas del sector de residuos, en perjuicio del resto del aparato productivo.

Ante este panorama, CODOPYME planteó varias medidas: aplazar la implementación de la ley hasta introducir los ajustes necesarios, realizar una revisión técnica integral con participación de las MIPYMES, reformar la gobernanza del fideicomiso para garantizar independencia y transparencia, y establecer un esquema proporcional y escalonado acorde al tamaño y capacidad económica de las empresas. Asimismo, propuso sustituir las cargas recaudatorias por incentivos reales que promuevan la sostenibilidad.

Finalmente, la entidad reiteró su disposición al diálogo, al tiempo que subrayó la necesidad de adoptar decisiones coherentes que no perjudiquen la actividad económica, el empleo ni el poder adquisitivo de la población.