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Irán plantea cobrar peajes por cables submarinos en Ormuz y amenaza con supervisar el tráfico global de datos



Medios vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica propusieron que Irán imponga tarifas a los cables submarinos de fibra óptica que atraviesan el Estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del planeta, y sugirieron además que Teherán podría supervisar el flujo mundial de datos que circula por esa infraestructura.

La iniciativa, difundida por las agencias iraníes Tasnim y Fars, ambas cercanas al aparato militar iraní, surge en medio de las tensiones geopolíticas entre Irán, Estados Unidos e Israel, y ha generado preocupación internacional por las implicaciones económicas, tecnológicas y de seguridad que podría representar.

Según las publicaciones, Teherán buscaría cobrar derechos de tránsito a los consorcios internacionales propietarios de los cables submarinos y exigir que grandes compañías tecnológicas como Google, Meta, Microsoft y Amazon operen bajo regulaciones iraníes.

Mostafa Taheri, integrante de la Comisión de Industrias del Parlamento iraní, estimó que el país podría obtener hasta 15 mil millones de dólares mediante el cobro de tarifas relacionadas con el tránsito de datos y mantenimiento de la infraestructura submarina.

Los medios afines al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica afirmaron que al menos siete importantes sistemas de comunicación atraviesan el estrecho, entre ellos FALCON, GBI y Gulf-TGN, redes que enlazan centros de datos de Asia, Europa y Oriente Medio y que soportan una parte significativa del tráfico mundial de internet, servicios en la nube y sistemas financieros internacionales como SWIFT.

Sin embargo, especialistas consideran débil la base jurídica de estas aspiraciones. Aunque los medios iraníes citan la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para justificar una supuesta jurisdicción compartida entre Irán y Omán sobre el lecho marino, el tratado contempla el principio de “paso en tránsito”, el cual protege la libre circulación de navegación y comunicaciones internacionales.

Además, aunque Irán firmó la convención, nunca la ratificó formalmente, lo que complica cualquier intento de aplicar restricciones o imponer cobros unilaterales a infraestructuras internacionales.

Analistas advierten que cualquier medida orientada a controlar o gravar estos cables enfrentaría una inmediata oposición diplomática, jurídica y comercial por parte de gobiernos y corporaciones globales.

La controversia también coincide con el endurecimiento del control estatal sobre internet dentro de Irán. Organizaciones de monitoreo digital han denunciado prolongados apagones y restricciones de conectividad en el país, utilizados por las autoridades para contener protestas y reforzar la vigilancia interna.

El Estrecho de Ormuz, de apenas 22 kilómetros de ancho en su punto más estrecho, es considerado una arteria vital para el comercio mundial, ya que por allí transita cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del planeta.

Durante la reciente escalada militar regional, Irán cerró temporalmente el paso a la navegación comercial, provocando un aumento inmediato en los precios internacionales de la energía. Aunque actualmente existe un alto el fuego, la tregua continúa siendo frágil en medio de persistentes tensiones en Oriente Medio.