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Congreso y OEA impulsan ley modelo para frenar la violencia digital contra la mujer en RD





Por: Ruperto Alis / Imparcial RD

SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional de la República Dominicana y la Organización de Estados Americanos (OEA), a través de su Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), sostuvieron una reunión de alto nivel con el objetivo de debatir y promover una ley modelo destinada a combatir la violencia digital contra la mujer.

Durante el encuentro, los presidentes de ambas cámaras legislativas, Alfredo Pacheco (Cámara de Diputados) y Ricardo de los Santos (Senado), junto a la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez, y una delegación internacional de expertos de la OEA, coincidieron en la urgencia de crear un marco legal específico que enfrente este tipo de agresión que se ha expandido con el auge de las plataformas digitales.

Pacheco reafirmó el compromiso del Congreso en esta lucha, mientras que De los Santos hizo énfasis en la importancia de aprobar el nuevo Código Penal, el cual endurecería las penas por delitos graves, incluyendo la violencia contra las mujeres, elevando las condenas hasta 60 años en los casos más extremos.

La ministra Jiménez indicó que esta iniciativa forma parte de los esfuerzos regionales impulsados por la Convención Interamericana de Mujeres para adoptar legislaciones más efectivas ante los desafíos de la violencia en entornos virtuales.


Adriana Benjumea, experta colombiana de MESECVI-OEA, destacó que la violencia digital representa una amenaza creciente que afecta especialmente a mujeres y niñas usuarias de tecnología y redes sociales. Subrayó la necesidad de una respuesta articulada para detener su avance y proteger los derechos digitales de las mujeres.

En la reunión también participaron legisladores dominicanos y representantes de países como Chile, Trinidad y Tobago, Colombia y de la representación de la OEA en el país, evidenciando el interés regional en la formulación de políticas conjuntas.

Este diálogo marca un paso crucial hacia la consolidación de una legislación avanzada que permita enfrentar la violencia digital desde una perspectiva de género y derechos humanos, en un contexto donde lo virtual es cada vez más parte de la vida real.

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