Por: Ruperto Alis / Imparcial RD
Madrid, España. – El Gobierno español, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha exigido a la plataforma Airbnb el bloqueo inmediato de 65,935 anuncios de viviendas turísticas ilegales, en un conflicto que ha escalado tras un fallo a favor del Estado emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La decisión judicial desestima el recurso interpuesto por Airbnb contra una de las tres resoluciones del ministerio liderado por Pablo Bustinduy, que ordenan el retiro de los anuncios que incumplen las normativas autonómicas. Solo en esa primera resolución se identificaron 5,800 alojamientos ilegales en comunidades como Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Baleares y el País Vasco.
Según la investigación de la Dirección General de Consumo, las irregularidades detectadas incluyen la omisión del número de licencia obligatoria, la falta de claridad sobre la identidad jurídica de los arrendadores (particulares o empresas), y el uso fraudulento de licencias falsas o no emitidas por autoridades competentes.
“Estas prácticas no solo vulneran derechos fundamentales de los consumidores, sino que también atentan contra la transparencia del mercado turístico”, sostuvo el ministerio en un comunicado.
Arrendadores ficticios y licencias falsificadas
Uno de los puntos críticos señalados por Consumo es la simulación de arrendadores particulares por parte de grandes operadores turísticos, lo que les permite evadir obligaciones legales como la atención al cliente o los canales formales para reclamaciones. Esta falta de transparencia compromete los derechos de los consumidores y distorsiona el mercado.
Además, el uso de números de licencia falsos o no verificados induce a error a los usuarios, generando desconfianza y posibles fraudes en las reservas de alojamiento.
Un fallo que sienta precedente
El pronunciamiento del TSJM representa un precedente clave que fortalece la estrategia del Gobierno contra la proliferación de ofertas ilegales en plataformas digitales. A pesar de los recursos legales presentados por Airbnb, la justicia ha validado la competencia del ministerio para actuar en defensa de los consumidores.
La cartera de Consumo ya ha remitido a la filial europea de Airbnb, con sede en Irlanda, la solicitud formal de eliminación de los anuncios afectados.
Airbnb responde y mantiene postura
Ante el fallo, Airbnb ha manifestado su desacuerdo en un comunicado remitido a Euronews, asegurando que “continuará recurriendo” las resoluciones, y que el ministerio no tiene competencia sobre la regulación del alojamiento turístico. La empresa también denunció que se ha aplicado una “metodología indiscriminada” para clasificar anuncios, incluyendo aquellos que podrían no requerir licencia por tratarse de arrendamientos de temporada.
Asimismo, la plataforma argumenta que el Ministerio ha ignorado decisiones previas del Tribunal Supremo, que aclaran que no todos los anuncios en plataformas de alquiler requieren número de registro.
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