Por: Ruperto Alis / Imparcial RD
SANTO DOMINGO. – El empresario de nacionalidad china Po Xie, representante legal de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte, fue arrestado este jueves por orden de la jueza de instrucción del Distrito Nacional, Kenia S. Romero Severino, en respuesta a una querella interpuesta por la Dirección General de Migración (DGM) por obstrucción a operativos oficiales, daños y perjuicios.
La detención fue ejecutada por unidades de inteligencia e interdicción de la DGM, en el sector Villa Consuelo, dando cumplimiento a la autorización judicial No. 001-junio-2025. La solicitud de arresto fue tramitada por la procuradora fiscal Teresa García, de la Fiscalía Comunitaria de Villa Consuelo.
El empresario no ofreció resistencia y fue trasladado a las instalaciones de la DGM, donde se realizó su registro biométrico antes de ser puesto a disposición del Ministerio Público.
Acusaciones: agresión y obstrucción a la autoridad
De acuerdo con el expediente judicial, Po Xie habría agredido física y verbalmente a miembros de la brigada de interdicción migratoria durante un operativo realizado el pasado 28 de mayo en su establecimiento comercial. Entre los afectados se encuentran el teniente coronel Alexander Cuevas De Óleo, así como los colaboradores Martín Juan Mateo Mora y Rosmel Daritza Matías.
La Dirección Jurídica de la DGM, que también se constituyó como actor civil en el proceso, acusa al imputado de:
Obstrucción a la labor de interdicción migratoria
Rebelión contra funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones
Estos hechos representan presuntas violaciones al Código Penal, el Código Civil y la Ley General de Migración No. 285-04.
Durante el operativo en cuestión, realizado con apoyo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos que laboraban de forma irregular en el establecimiento.
Multa por reincidencia en contratación irregular
Además de la acción penal, la DGM impuso una sanción administrativa de RD$450,000.00 a la sociedad comercial Mudan Confort Collection, por reincidencia en la contratación de mano de obra extranjera sin estatus legal.
La multa, basada en lo dispuesto por la Ley 285-04 y su Reglamento de Aplicación No. 631-11, fue pagada por los representantes legales de la empresa.
“La ley establece multas de hasta 30 salarios mínimos del sector público por cada infracción comprobada”, puntualizó una fuente de la DGM.
Este caso se convierte en un precedente dentro de las acciones de la DGM para hacer cumplir el marco legal migratorio, sancionar la contratación irregular y proteger la institucionalidad ante cualquier acto de agresión contra sus agentes.
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