Por Yanet Girón
Hay silencios que matan más que una bala. Uno de esos se da cuando una persona se desmaya en una estación del Metro de Santo Domingo y, en vez de recibir auxilio inmediato, queda a merced de la nada. De la indiferencia. Del protocolo. De la burocracia. ¿Quién decidió que el personal del Metro no puede llamar al 911 cuando un usuario cae enfermo? ¿Quién firmó esa orden absurda que impide socorrer con urgencia a un ciudadano?
No se trata de suposiciones. Lo he vivido de cerca. Mi hermano, con un dolor agudo que luego se confirmó como apendicitis, se descompuso en el Metro. ¿Sabes quién llamó al 911? Mi padre, desde fuera. Porque al parecer, los empleados del sistema no pueden hacerlo. El usuario enfermo tiene que llamar por sí mismo o esperar que alguien lo saque a la superficie. Es decir, mientras más grave esté, menos posibilidad tiene de recibir ayuda. Y si está solo, peor aún.
Esto no es solo una negligencia; es un crimen institucional silencioso. ¿Qué se cuida con esa norma? ¿La imagen? ¿Un proceso legal? ¿Evitar un informe? ¿Quién se hace responsable si alguien muere porque ningún empleado está autorizado a marcar tres simples dígitos?
Los ciudadanos no usamos el Metro como un lujo, sino por necesidad. Lo mínimo que esperamos es seguridad, humanidad y atención en caso de emergencia. ¿Acaso no debería ser eso parte del servicio? ¿O es que solo servimos mientras subimos, pagamos y bajamos?
Esto no es un ataque al sistema de transporte. Es un llamado urgente a la reflexión y la acción. Si un guarda de estación ve a alguien convulsionando, no debe necesitar permiso para llamar ayuda. El tiempo puede significar vida o muerte. Y cuando se trata de una vida, no hay protocolo que valga más que la compasión.
Desde aquí, con toda la responsabilidad que me da esta pluma, exijo a las autoridades del Metro, de OPRET y del Estado dominicano: revisen esas políticas. Capaciten al personal. Denle poder de acción humana ante la emergencia. Porque no se trata de estructuras ni de trenes. Se trata de personas. Y un servicio que no protege a las personas, no sirve.