Bogotá, Colombia. – El Tribunal Superior de Bogotá ordenó este martes la liberación del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien cumplía arresto domiciliario tras haber sido condenado a 12 años por soborno y manipulación de testigos. La medida se produce mientras el exmandatario apela la sentencia, en un proceso que ha sacudido la política colombiana y generado reacciones internacionales.
Uribe, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, había sido acusado de intentar persuadir y amenazar a exparamilitares que declararon sobre sus presuntos vínculos con la conformación de grupos armados ilegales en la década de 1990. La juez Sandra Heredia, que en julio dispuso su arresto, sostuvo que el expresidente conspiró con un abogado para cambiar testimonios, decisión que justificó como necesaria para “preservar la convivencia pacífica de los ciudadanos”.
No obstante, el Tribunal Superior concluyó que la medida restrictiva violó el derecho de Uribe al debido proceso y a la igualdad de trato ante la ley. Asimismo, descartó los argumentos de la Fiscalía sobre un posible riesgo de fuga, recordando que el exmandatario viajó al extranjero en varias ocasiones durante el juicio y siempre regresó al país para responder a la Justicia.
Un proceso polémico y de alto impacto político
El caso contra Uribe se originó en 2012, cuando demandó por difamación al congresista de izquierda Iván Cepeda, quien recopiló testimonios que lo vinculaban con el Bloque Metro, un grupo paramilitar activo en Antioquia. La Corte Suprema desestimó la querella y, en cambio, abrió una investigación contra el expresidente por presunta manipulación de testigos.
Uribe ha negado los cargos y sostiene que sus acercamientos a exparamilitares encarcelados formaban parte de la preparación de su defensa y del caso judicial que involucra a su hermano, Santiago Uribe.
Una figura que divide a Colombia
Considerado por sus seguidores como el hombre que evitó que Colombia cayera en el colapso frente a la guerrilla, Uribe es también señalado por organismos de derechos humanos debido a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por militares durante su gobierno, conocidas como los “falsos positivos”.
Bajo su mandato, las Fuerzas Armadas obtuvieron victorias decisivas sobre las FARC, lo que llevó a la guerrilla a negociar un proceso de paz años más tarde. Ese legado ha convertido al expresidente en una figura emblemática de la derecha latinoamericana, admirada en Estados Unidos y criticada con dureza por sectores de la oposición.
El Tribunal Superior deberá emitir un fallo definitivo sobre la apelación de Uribe antes de mediados de octubre, en un caso que continúa marcando la agenda política y judicial de Colombia.
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