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Condenan a 20 años de prisión a hombre que asesinó a oficial de la Fuerza Aérea Dominicana



Santo Domingo Este.– Un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre hallado culpable de asesinar a un oficial de la Fuerza Aérea de la República Dominicana (FARD), tras acoger la solicitud presentada por el Ministerio Público por un hecho ocurrido en la avenida Sabana Larga, en Santo Domingo Este.

El condenado es Alejandro Pigueiras Alcántara, responsable de la muerte del mayor Pablo Sosa, ocurrida en la madrugada del 10 de noviembre de 2024, según se estableció durante el proceso judicial.

De acuerdo con el expediente instrumentado por la fiscal Ivette Mateo, tanto la víctima como el agresor se encontraban en un establecimiento de expendio de bebidas alcohólicas, ubicado en la avenida San Isidro, donde sostuvieron una acalorada discusión. Posteriormente, el oficial decidió abandonar el lugar acompañado de una mujer.

Las investigaciones determinaron que, al percatarse de la salida del mayor Sosa, Pigueiras Alcántara, junto a varios acompañantes, siguió a la víctima en dos vehículos, alcanzándolo mientras se desplazaba en una motocicleta. Tras obligarlo a detenerse, aprovecharon su estado de indefensión para agredir físicamente.

Como consecuencia de los golpes recibidos, el oficial quedó tendido en el pavimento, situación que fue aprovechada por el hoy condenado, quien abordó su vehículo y lo atropelló, causándole la muerte. En ese momento, los demás implicados emprendieron la huida, mientras que Pigueiras Alcántara fue arrestado en flagrante delito por una patrulla policial que acudió a la escena.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por la fiscal litigante Ana Basora, presentó pruebas suficientes y contundentes que demostraron la responsabilidad penal del acusado, sustentadas en la violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican y sancionan el homicidio voluntario.

La sentencia fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, integrado por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Yury Cuevas de la Cruz e Isaías R. Martínez, quienes ordenaron que la pena sea cumplida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria.

El fallo reafirma el compromiso del sistema judicial dominicano de sancionar con firmeza los actos de violencia que atentan contra la vida y el orden público.