Denuncian exclusión de la Ley de Autismo en el Presupuesto General del Estado 2026

La Ley 34-23 sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA) no cuenta con una asignación presupuestaria específica en el Proyecto de Presupuesto General del Estado 2026, pese a tratarse de una normativa vigente que reconoce derechos fundamentales en salud, educación e inclusión social. Así lo reveló una revisión del Presupuesto Ciudadano 2026, publicado por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES).

La omisión fue denunciada por Maxi Feliz, defensora de los derechos neuro divergentes, madre azul y activista social, quien advirtió que la falta de fondos suficientes y claramente identificados mantiene en situación de vulnerabilidad a miles de familias dominicanas con niños y personas dentro del espectro autista.

De acuerdo con el análisis realizado, la Ley 34-23 no figura como partida presupuestaria independiente, ni como programa institucional, ni como gasto condicionado por mandato legal, a pesar de que su artículo 53 establece de forma expresa la obligación del Estado de asignar los recursos necesarios para su implementación. Esta ausencia, subrayó la activista, constituye un incumplimiento legal que vulnera derechos protegidos por la Constitución de la República y por convenios internacionales ratificados por el país.

La exclusión presupuestaria se produce tras años de expectativas por parte de la denominada “comunidad azul”, que vio en la aprobación de la ley una oportunidad para un cambio estructural en las políticas públicas dirigidas al autismo. Sin respaldo financiero, la normativa carece de impacto real y queda limitada al papel, sin traducirse en servicios, programas ni garantías efectivas.

Maxi Feliz recordó que el propio presidente Luis Abinader ha reconocido públicamente que la ley aún no dispone de los fondos requeridos para su ejecución. No obstante, advirtió que los derechos de los niños con autismo no pueden seguir supeditados a anuncios futuros ni a presupuestos que los excluyen de manera reiterada.

En ese sentido, hizo un llamado directo a las autoridades competentes para que se incorpore una partida presupuestaria específica para la Ley 34-23, se designen responsables institucionales claros, se asegure transparencia en la ejecución de los recursos y se asuma el autismo como una causa país que demanda voluntad política sostenida. “La comunidad azul no exige privilegios, exige el cumplimiento de la ley. Sin presupuesto no hay derechos, y la espera prolongada también vulnera”, concluyó.