OPS y UNICEF alertan sobre el impacto letal del crimen organizado, las desigualdades y la violencia cotidiana en hogares, escuelas y entornos digitales, y reclaman políticas públicas firmes para proteger a la niñez y adolescencia.
América Latina y el Caribe enfrentan una de las crisis más graves de violencia contra la niñez y la adolescencia en el mundo. Entre 2015 y 2022, al menos 53,318 niños, niñas y adolescentes fueron asesinados en la región, según revela un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
El estudio, titulado Violencia contra niños, niñas y adolescentes en Latinoamérica y el Caribe: nuevos datos y soluciones, advierte que la violencia letal continúa siendo una amenaza estructural para millones de menores, estrechamente vinculada al crimen organizado, la amplia disponibilidad de armas de fuego, las profundas desigualdades sociales y normas de género perjudiciales.
Aumento alarmante en la violencia contra mujeres jóvenes
Los datos más recientes muestran un deterioro preocupante. Entre 2021 y 2022, la tasa de homicidios de mujeres jóvenes se duplicó, alcanzando cinco muertes por cada 100,000 habitantes. Aunque en el mismo período los homicidios de adolescentes varones descendieron de 17 a 10 por cada 100,000, la cifra sigue siendo elevada y refleja un contexto persistente de riesgo.
Violencia desde edades tempranas
Más allá de los homicidios, el informe subraya que la violencia se manifiesta desde la infancia. Seis de cada diez niños y niñas menores de 14 años sufren algún tipo de castigo violento en el hogar, mientras una de cada cuatro adolescentes es víctima de acoso escolar. A ello se suma el crecimiento de los abusos y la exposición a riesgos en los entornos digitales.
Las agencias advierten que esta violencia cotidiana erosiona el desarrollo físico, emocional y social de los menores, perpetuando ciclos de exclusión y vulnerabilidad.
Llamado urgente a fortalecer las políticas públicas
El director regional de UNICEF, Roberto Benes, enfatizó que la violencia atraviesa todos los espacios de la vida infantil —hogar, escuela y comunidad—, y sostuvo que políticas públicas sostenidas y bien articuladas pueden revertir esta realidad.
Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó el rol estratégico de los sistemas de salud para identificar tempranamente a las personas en riesgo y ofrecer atención y apoyo oportunos.
El informe propone una hoja de ruta basada en evidencia que incluye: fortalecer las leyes de protección infantil, regular el acceso a armas de fuego, capacitar a docentes, policías y personal sanitario, apoyar a padres y cuidadores, invertir en entornos educativos seguros y ampliar los servicios de respuesta y atención a las víctimas.
La publicación fue validada durante una consulta ministerial regional celebrada en octubre de 2025, con la participación de más de 300 funcionarios, representantes de la sociedad civil y organizaciones juveniles, con el propósito de consensuar acciones concretas para salvaguardar la vida y los derechos de la niñez y adolescencia en la región.
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