Un reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encendió las alarmas al revelar que el fraude en la pesca y la acuicultura es una práctica extendida a escala mundial, con consecuencias directas para el consumidor, la salud pública y la sostenibilidad marina.
La investigación advierte que este engaño deliberado —que mueve un mercado estimado en 195 000 millones de dólares— va desde la sustitución de especies y el etiquetado falso hasta la adulteración de productos, prácticas que afectan el bolsillo del comprador, ponen en riesgo su bienestar y golpean a los pescadores que cumplen la ley.
Aunque no existen estadísticas oficiales consolidadas, estudios empíricos citados por la FAO indican que hasta un 20 % del pescado comercializado en el mundo podría presentar algún tipo de fraude, una proporción significativamente mayor que la detectada en otros alimentos como la carne o las hortalizas.
El informe, titulado El fraude alimentario en el sector de la pesca y la acuicultura, define este delito como “una práctica deliberada destinada a engañar a otros”. Entre las modalidades más frecuentes figuran la venta de especies baratas como si fueran de alto valor —por ejemplo, tilapia ofrecida como pargo rojo—, la falsificación del origen o de la supuesta sostenibilidad del producto, así como el uso de colorantes para simular frescura o la elaboración de imitaciones de mariscos a base de almidón.
La FAO alerta, además, que en restaurantes el problema es aún más grave: algunos estudios señalan que hasta el 30 % de los productos del mar servidos podrían estar mal etiquetados. Se han documentado casos en cevicherías de América Latina, establecimientos gastronómicos de China y productos de atún enlatado comercializados en la Unión Europea.
Más allá del perjuicio económico, el fraude pesquero implica riesgos sanitarios. El consumo de especies inadecuadas para preparaciones crudas, la recongelación de pescado o la adición de agua para aumentar el peso favorecen intoxicaciones y la proliferación bacteriana. A esto se suma el impacto ambiental, ya que estas prácticas suelen ocultar la pesca ilegal, la sobreexplotación de cuotas y el deterioro de la biodiversidad marina.
El incentivo principal es económico. El informe destaca que vender salmón del Atlántico —en su mayoría de criadero— como salmón del Pacífico, generalmente salvaje, puede generar hasta 10 dólares adicionales por kilogramo. De igual forma, un róbalo de piscifactoría rotulado como “local de Italia” puede duplicar o triplicar su precio frente a uno procedente de Grecia o Turquía.
Para enfrentar este fenómeno, la FAO recomienda reforzar los sistemas de trazabilidad, armonizar el etiquetado con el uso de nombres científicos y aplicar herramientas analíticas avanzadas. Técnicas como el análisis de ADN, los isótopos estables o la resonancia magnética nuclear permiten identificar con precisión la especie y su origen geográfico.
El documento resalta como caso exitoso una iniciativa en Los Ángeles, Estados Unidos, donde una campaña educativa combinada con pruebas aleatorias redujo el etiquetado incorrecto en dos tercios durante una década. Actualmente, la FAO y el Codex Alimentarius trabajan en el establecimiento de normas internacionales para combatir este fraude, cuya erradicación exige prevención, aplicación rigurosa de la ley y la participación activa del sector privado.

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