Gobierno dominicano responde a la CIDH y defiende soberanía en política migratoria

Santo Domingo, R.D.– El Gobierno de la República Dominicana fijó este viernes una posición firme y detallada frente al comunicado emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el pasado 6 de febrero de 2026, en el que se cuestionan las políticas migratorias adoptadas por el Estado dominicano. Las autoridades reafirmaron su compromiso histórico con la protección de los derechos humanos, al tiempo que defendieron el ejercicio legítimo de la soberanía nacional y el cumplimiento del ordenamiento jurídico interno.

En su pronunciamiento oficial, el Estado dominicano subrayó que el fenómeno migratorio que enfrenta el país debe ser analizado desde una perspectiva regional. La prolongada crisis política, de seguridad y humanitaria que afecta a Haití ha generado una presión migratoria sostenida y excepcional, frente a la cual la República Dominicana ha asumido, durante décadas, una carga desproporcionada guiada por principios de solidaridad y responsabilidad humana.

El Gobierno recordó que, en ejercicio de su soberanía, todo Estado tiene el derecho y la obligación de regular el ingreso, la permanencia y la salida de personas dentro de su territorio. Esta facultad —precisó— no se ejerce de manera arbitraria, sino conforme a la Constitución, las leyes nacionales y los estándares internacionales de derechos humanos, tal como lo reconoce el propio sistema interamericano.

Las medidas migratorias implementadas responden, según el comunicado, a la necesidad legítima de gestionar de forma ordenada un flujo migratorio extraordinario, a fin de evitar impactos negativos en la cohesión social y en la sostenibilidad del gasto público. El Gobierno fue enfático al señalar que ningún Estado puede ser compelido a asumir indefinidamente la provisión de servicios básicos a la población de otro país ante el colapso institucional de este último.

En ese contexto, las autoridades rechazaron el llamado de la CIDH a aplicar de manera generalizada el principio de no devolución a toda persona en situación migratoria irregular, al considerar que tal interpretación equivaldría a imponer al Estado dominicano la obligación de admitir a cualquier ciudadano haitiano que intente ingresar irregularmente al territorio nacional.

El documento reitera que la crisis haitiana no suspende la aplicación de las leyes migratorias dominicanas y que dicho escenario constituye un desafío regional que exige una respuesta colectiva. “No existe una solución exclusivamente dominicana a la crisis de Haití”, enfatiza el Gobierno, al tiempo que reafirma su llamado a la comunidad internacional para una acción efectiva, solidaria y corresponsable.

En materia de salud, la República Dominicana reiteró que ninguna persona es privada de atención médica de urgencia por razón de su estatus migratorio. Los protocolos de coordinación entre autoridades sanitarias y migratorias —explicó— buscan organizar la prestación de servicios en un contexto de alta demanda, con especial protección a mujeres embarazadas, niños y pacientes con condiciones vulnerables.

Respecto a los centros de procesamiento migratorio, el Estado informó que se ejecutan mejoras progresivas en infraestructura, condiciones sanitarias y atención médica básica, bajo mecanismos de supervisión interna y coordinación institucional. Asimismo, reafirmó su política de tolerancia cero frente a cualquier trato inhumano o degradante.

El Gobierno dominicano expresó preocupación por lo que considera una valoración del comunicado de la CIDH basada en alegaciones no verificadas, por encima de la información oficial suministrada por las autoridades nacionales. En ese sentido, reiteró su disposición a un intercambio técnico, transparente y sustentado en datos contrastables, que tome en cuenta el contexto regional de presión migratoria excepcional.

Finalmente, el Estado sostuvo que la defensa del interés nacional y la protección de los derechos humanos no son objetivos contrapuestos. Por el contrario, afirmó que una gestión migratoria ordenada y soberana es condición esencial para preservar la estabilidad institucional y garantizar los derechos de todas las personas bajo su jurisdicción. En ese espíritu, reiteró su voluntad de fortalecer la cooperación técnica con la CIDH, sobre la base del respeto mutuo y la buena fe.