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Ministerio Público somete a red por lavado y estafa electrónica en Operación Guepardo; 426 víctimas afectadas

Imparcial RD - martes, abril 07, 2026

El expediente contiene más de 1,600 pruebas y apunta a un entramado que utilizaba empresas inmobiliarias para canalizar fondos ilícitos

Santo Domingo, R.D.– El Ministerio Público presentó formal acusación penal contra los integrantes de una estructura criminal dedicada al lavado de activos y estafa electrónica, desmantelada durante la denominada Operación Guepardo, que dejó al menos 426 víctimas afectadas de manera directa.

La acusación fue instrumentada por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en coordinación con la Fiscalía de La Romana, contra los imputados Yves Alexandre Giroux, Rocío del Alba Rodríguez de Moya, Marisol Nova Nolasco, Astrid Rydelis Bello, Javier Gustavo Ulloa Bueno, Joana Paola Guerrero Milián, Samayra del Rosario Barreto y Cynthia Desirée Giroux Sarita.

Asimismo, el órgano acusador incluyó a varias entidades comerciales, entre ellas Novasco Real Estate SRL, REMAX One, Rodeca Marketing Group SRL, RR Marketing Group EIRL y AGOTT 24, SRL, señaladas como instrumentos utilizados para movilizar recursos obtenidos de forma ilícita mediante esquemas fraudulentos.

Estructura compleja y pruebas contundentes

Las investigaciones, iniciadas en febrero de 2025 junto al Departamento de Investigación de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Dilaft) de la Policía Nacional, fueron dirigidas por los fiscales Claudio Cordero y Mayerling Rondón, quienes coordinaron el análisis financiero y la recolección de evidencias.

El expediente establece la existencia de una estructura organizada que operaba a través de mecanismos inmobiliarios fraudulentos, sustentado en más de 1,660 elementos de prueba, incluyendo documentos, peritajes, evidencias materiales, registros audiovisuales y otros soportes que detallan el flujo del dinero y la participación individual de los acusados.

La procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez destacaron que esta acción judicial representa un avance significativo en la lucha contra el crimen organizado, reafirmando el compromiso institucional de perseguir este tipo de delitos hasta sus últimas consecuencias.

Proceso en fase preliminar

El caso se encuentra actualmente a la espera de la designación del Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, instancia que deberá conocer la audiencia preliminar y decidir si procede la apertura a juicio.

El Ministerio Público indicó que las investigaciones continúan abiertas, con el objetivo de identificar a otros posibles implicados y garantizar una respuesta integral que incluya la reparación a las víctimas afectadas por este esquema fraudulento.