Resolución migratoria genera alarma: advierten vulneración de derechos y retroceso en regularización laboral

William Charpantier advierte resolución migratoria DGM-001-2026 restringe regularización y vulnera derechos adquiridos

Santo Domingo, República Dominicana.— La reciente Resolución DGM-001-2026, emitida por la Dirección General de Migración, ha encendido las alertas en sectores vinculados a la defensa de los derechos de los migrantes. El coordinador general de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados (MENAMIRD), William Charpantier, advirtió que la disposición restringe significativamente los procesos de regularización y podría vulnerar derechos fundamentales previamente adquiridos por trabajadores extranjeros en el país.

Durante una entrevista concedida al medio digital Horizonte Noticioso, Charpantier sostuvo que, aunque la normativa se fundamenta en la Ley General de Migración No. 285-04, presenta contradicciones con la Constitución dominicana de 2010, especialmente en aspectos relacionados con la dignidad humana, la libertad de trabajo y la protección de garantías ya consolidadas.

Reconfiguración del modelo migratorio

El dirigente explicó que la resolución no representa un simple ajuste técnico, sino una transformación estructural del sistema migratorio nacional. A su juicio, impacta directamente iniciativas anteriores como el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (2014-2015) y el programa de normalización para trabajadores venezolanos implementado en 2021.

Recordó que dichos mecanismos permitieron a miles de migrantes regularizar su estatus tras cumplir requisitos como arraigo familiar, estabilidad laboral y tiempo de permanencia, generando derechos que, según afirmó, no deberían ser desconocidos por nuevas disposiciones.

Limitaciones laborales y mayor dependencia

Uno de los puntos más críticos señalados por Charpantier es la imposición de condiciones que vinculan el estatus migratorio a un único empleador formal. Esta medida, indicó, restringe la movilidad laboral, limita el trabajo independiente y reduce las oportunidades de inserción económica.

Asimismo, advirtió que esta dependencia podría propiciar escenarios de vulnerabilidad, al dejar a los trabajadores en una posición de subordinación frente a sus empleadores, en contraposición con estándares constitucionales y principios internacionales de derechos humanos.

Riesgo de irregularidad y deportaciones

El representante de MENAMIRD alertó sobre la posibilidad de una “irregularidad sobrevenida”, derivada de la eliminación de modalidades como el trabajo por cuenta propia y el arraigo socioeconómico. Esto podría dejar fuera del sistema a personas previamente regularizadas o en proceso, aumentando el riesgo de deportación.

A esta situación se suman retrasos administrativos y trámites pendientes que, según indicó, agravan la incertidumbre de cientos de solicitantes.

Impacto en la economía nacional

Charpantier subrayó que la medida también podría afectar sectores clave de la economía dominicana que dependen de mano de obra migrante, entre ellos la agricultura, la construcción, el sector agroalimentario y el trabajo doméstico.

Indicó que estos ámbitos han demandado históricamente mecanismos más flexibles que garanticen estabilidad laboral y continuidad en la producción, por lo que una restricción podría generar efectos negativos tanto para empleadores como para trabajadores.

Llamado al diálogo y revisión

El dirigente reiteró que su organización no rechaza la regulación migratoria, pero sí cuestiona medidas que puedan fomentar exclusión o precarización. En ese sentido, exhortó a las autoridades a revisar la resolución y abrir espacios de diálogo con actores sociales, económicos y comunitarios.

“La política migratoria debe equilibrar el control con la protección de los derechos humanos y la continuidad de los derechos adquiridos”, puntualizó.

La controversia en torno a la Resolución DGM-001-2026 se suma al debate nacional sobre el manejo de la migración y su impacto en el desarrollo económico y social del país.

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