Nuevo Código Penal impondrá hasta 20 años de cárcel a invasores de tierras y violadores de propiedad privada

Santo Domingo, R.D. — La entrada en vigencia del nuevo Código Penal de la República Dominicana, prevista para el 6 de agosto de 2026, endurecerá las sanciones contra quienes incurran en invasión de terrenos, ocupación ilegal y violación de propiedad privada, con condenas que podrían superar los 20 años de prisión en determinados casos.

El análisis fue realizado por el abogado Cesar Amadeo Peralta, quien explicó que la nueva legislación introduce penas más severas, nuevas figuras delictivas y mecanismos judiciales orientados a frenar este tipo de prácticas en el país.

Sanciones más drásticas

Según lo establecido en los artículos 269 al 272 del nuevo marco legal, las personas que ingresen sin autorización a propiedades públicas o privadas enfrentarán condenas de entre dos y cinco años de prisión, además de multas económicas.

Mientras que quienes participen en invasiones u ocupaciones ilegales de terrenos podrán recibir penas de hasta 10 años de cárcel, especialmente si existen agravantes como violencia, porte de armas, participación de funcionarios públicos o actuaciones en grupo.

El jurista sostuvo que las condenas podrían aumentar considerablemente mediante la aplicación del cúmulo de penas, al sumarse delitos conexos como asociación de malhechores, daños a la propiedad, amenazas, robos agravados y agresiones físicas.

Funcionarios y militares enfrentarán mayores consecuencias

La legislación contempla sanciones más rigurosas cuando en las invasiones participen policías, militares o empleados estatales. También serán castigados quienes financien, promuevan, organicen o incentiven estas ocupaciones ilegales.

Asimismo, el nuevo código establece que la tentativa será castigada igual que el delito consumado, lo que representa un cambio significativo en materia penal.

Demolición y expulsión inmediata

Otro aspecto relevante es que las sentencias ordenarán la expulsión definitiva de los ocupantes ilegales y la demolición o confiscación de mejoras construidas en los terrenos invadidos.

La normativa dispone además que esas decisiones judiciales serán ejecutorias de manera provisional, incluso si existen recursos de apelación pendientes.

Cambios profundos en el sistema penal

Peralta afirmó que el nuevo instrumento jurídico marcará un antes y un después en el sistema de justicia dominicano, debido al aumento de penas y al endurecimiento de las medidas coercitivas.

El abogado consideró que el país necesitará ampliar su capacidad penitenciaria ante el incremento proyectado de personas condenadas bajo las nuevas disposiciones.