Santo Domingo, R.D.– El senador por la provincia San Juan, Félix Bautista, propuso este miércoles que las infracciones relacionadas con el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información dejen de ser castigadas con penas privativas de libertad y, en su lugar, sean sancionadas mediante medidas económicas.
Durante su intervención en el Senado de la República, el legislador argumentó que varios países de la región han adoptado este modelo. Señaló que en Argentina y Panamá las sanciones son de carácter económico, mientras que en Perú combinan multas con servicios comunitarios. Asimismo, indicó que en Nicaragua también predominan las sanciones económicas para estos casos.
Bautista citó parte del discurso pronunciado recientemente por la embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah Campos, durante la conmemoración del 250 aniversario de la independencia estadounidense, en el que destacó que la libertad de expresión constituye "el oxígeno de la democracia" y un elemento esencial para que la ciudadanía pueda debatir, exigir rendición de cuentas y corregir el rumbo de los gobiernos.
El congresista recordó que la Constitución dominicana de 2010 reconoce la libertad como un derecho fundamental en diversos artículos, entre ellos los relativos a la seguridad personal, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de reunión, asociación, empresa, expresión, información, intimidad y honor.
Sostuvo que el artículo 49 de la Carta Magna garantiza el derecho de toda persona a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, así como a buscar, recibir y difundir información por cualquier medio, sin censura previa.
Según Bautista, estas garantías constitucionales protegen las investigaciones periodísticas, las denuncias ciudadanas, las críticas a la administración pública, las publicaciones en medios tradicionales y digitales, así como las expresiones difundidas a través de las redes sociales. En ese sentido, afirmó que la libertad de expresión resulta indispensable para fiscalizar a los funcionarios públicos, combatir la corrupción, fortalecer la democracia y promover una opinión pública libre.
El senador también valoró la creación de una comisión bicameral, integrada por senadores y diputados, propuesta por el presidente del Senado, con el objetivo de analizar las distintas sugerencias para la modificación del Código Penal.
Durante el debate, Bautista hizo referencia a los planteamientos del jurista Cristóbal Rodríguez, quien considera que la reforma debe garantizar principios esenciales del Estado democrático, como la seguridad jurídica, la legalidad de las penas, la libertad de expresión e información y el respeto al principio de bicameralidad.
Rodríguez también planteó la necesidad de eliminar figuras penales ambiguas, imprecisas o contradictorias que, a su juicio, resultan incompatibles con los derechos constitucionales. Entre ellas mencionó las disposiciones sobre difamación, injuria y el denominado ultraje a funcionarios públicos, al considerar que no armonizan con los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en materia de libertad de expresión e información.
El especialista agregó que la discusión sobre la reforma del Código Penal debe abordar igualmente aspectos como la responsabilidad penal de las empresas, el ejercicio de la medicina, la violencia de género y las disposiciones relacionadas con el aborto.
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