Por Ing. Marco Tezanos
Santo Domingo, 6 de mayo de 2025 — La regulación del sector eléctrico dominicano enfrenta múltiples desafíos estructurales, operativos y normativos que limitan su eficiencia y sostenibilidad. Desde la creación de la Superintendencia de Electricidad (SIE) en 1998 mediante el Decreto 118-98, y su posterior fortalecimiento a través de la Ley General de Electricidad 125-01, el país ha avanzado en la institucionalización del marco regulador. Sin embargo, aún persisten importantes brechas.
La SIE, como órgano regulador descentralizado, tiene la misión de supervisar y fiscalizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización eléctrica, así como de establecer tarifas justas y velar por la calidad del servicio. No obstante, el sistema enfrenta obstáculos significativos: una creciente demanda energética, debilidades en la planificación institucional y operativa, y baja cultura de eficiencia energética tanto en el ámbito ciudadano como empresarial.
Diversificación y planificación estratégica
El aumento constante en el consumo eléctrico exige una planificación a largo plazo orientada a diversificar la matriz energética, reduciendo la dependencia de los combustibles fósiles. La promoción de fuentes renovables y la incorporación de tecnologías modernas son cruciales para lograr este objetivo, al igual que la atracción de inversión privada bajo condiciones regulatorias claras y seguras.
El marco normativo: revisión y actualización urgente
Es necesario reformar artículos clave de la Ley 125-01 y de la Ley 57-07 sobre energías renovables. La actualización normativa debe ser consensuada con todos los actores del sistema, incluyendo una revisión del esquema tarifario que permita transitar hacia una tarifa técnica justa y equitativa. Esto incluye la redefinición de los subsidios para hacerlos más transparentes y focalizados, y la inclusión de tecnologías como baterías dentro del régimen de exenciones.
El Pacto Eléctrico y su rol fiscalizador
Con la firma del Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico en 2021, se asumieron compromisos que deben ser cumplidos con plazos claros. El Comité de Seguimiento y Veeduría del Pacto tiene la responsabilidad de verificar el cumplimiento de estos compromisos y recomendar los ajustes necesarios para garantizar su implementación efectiva.
Cultura de eficiencia y combate al fraude
Uno de los mayores retos es erradicar la cultura del fraude eléctrico. Se requiere una campaña nacional de concientización sostenida, acompañada del fortalecimiento de la normativa y aplicación efectiva de sanciones. Además, es fundamental implementar indicadores de calidad de servicio que permitan compensaciones por deficiencias, conforme a un cronograma de transición.
Tecnología e institucionalidad
El uso de plataformas tecnológicas, como software para gestión operativa y ventanillas únicas para trámites regulatorios, es vital para mejorar la eficiencia y la transparencia. La modernización debe estar alineada con prácticas internacionales y permitir mayor productividad y control sobre los procesos.
Conclusión
El fortalecimiento del régimen regulatorio del sector eléctrico es indispensable para garantizar el suministro confiable, equitativo y sostenible de energía. Esto solo será posible mediante un marco legal actualizado, una institucionalidad sólida, la participación activa de todos los sectores involucrados y, sobre todo, la voluntad de colocar el interés nacional por encima de los intereses particulares.
