Por: Ruperto Alis / Imparcial RD
Santo Domingo, RD. — El Centro de Análisis y Estudio de la Comunicación en República Dominicana (CAESCO) emitió este 6 de mayo un informe preliminar sobre el anteproyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales, en el cual advirtió la necesidad de preservar un enfoque corregulador y multiactor, que garantice la participación del Estado, empresas digitales, medios de comunicación, periodistas y creadores de contenido en el proceso regulatorio.
La organización consideró positiva la inclusión de requerimientos de transparencia algorítmica para las plataformas digitales, especialmente en lo relacionado con la moderación y recomendación de contenido, pues estos mecanismos “definen actualmente lo que el usuario ve, no ve o cuándo lo ve”, generando un impacto directo en la libertad de expresión en entornos privados.
En su análisis, CAESCO también destacó la importancia de incorporar la Inteligencia Artificial (IA) como figura regulada en la ley, debido a su creciente influencia tanto en el comportamiento algorítmico como en la generación de contenidos falsos con intenciones maliciosas, especialmente en contextos sensibles como procesos electorales, seguridad pública y salud.
El presidente de CAESCO, Miguel Otáñez, subrayó que el anteproyecto omite de forma explícita la alfabetización mediática y digital, elemento clave para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación activa en procesos de corregulación. “No podemos dejarlo a la voluntad futura. Estas herramientas permitirán una ciudadanía consciente y capacitada para ejercer sus derechos y exigir el debido proceso”, expresó.
Otáñez advirtió que el mayor reto estará en la correcta implementación de la ley, asegurando que se establezcan códigos de conducta, reglamentos y procedimientos que la doten de eficacia, sin caer en sobrerregulación que limite derechos ni en una normativa simbólica sin recursos para su aplicación.
A pesar de los desafíos señalados, CAESCO valoró que el proyecto reconoce garantías fundamentales como el acceso universal a internet, la protección del secreto profesional, la cláusula de conciencia, el acceso a fuentes, la prohibición de censura previa, y la seguridad de los periodistas, además de promover la pluralidad y la neutralidad tecnológica.
Finalmente, Otáñez alertó sobre el peligro de ambigüedades jurídicas que desdibujen los límites entre la libertad de expresión y otros derechos fundamentales. “Lo vigente en una ley como esta siempre estará condicionada por la velocidad de la tecnología, la cual es imposible de sincronizar completamente”, concluyó.
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