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Santo Domingo, R.D. – 19 de mayo de 2025. Las investigaciones del Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y el Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) han confirmado que los títulos de propiedad y deslindes realizados en la zona de Punta Rucia, en la provincia Puerto Plata, fueron emitidos con base en una sentencia administrativa falsificada.
La denuncia fue interpuesta por el abogado Amadeo Peralta, quien alertó a las autoridades sobre la existencia de una presunta mafia dedicada a falsificar documentos judiciales para adueñarse de más de 2 millones de metros cuadrados de terrenos en Punta Rucia y Playa La Ensenada, en el municipio La Isabela.
El Ministerio Público remitió la supuesta sentencia, atribuida al Tribunal Superior de Tierras del Distrito Nacional y fechada el 12 de junio de 1990, al INACIF, que mediante el informe D-0156-2025, determinó que el documento fue alterado con borraduras, inserciones de nombres y uso de Liquid Paper para modificar identidades y porcentajes de repartición de tierras. Entre las irregularidades, se detectaron nombres falsos, espacios rellenados posterior al cierre del documento, y diferencias de tipografía entre las páginas.
Además, el documento no especificaba el número de título que debía cancelarse, lo cual refuerza la hipótesis de falsedad. El informe también reveló la inclusión fraudulenta de decenas de nombres como presuntos herederos del alemán Carlos López Westen, quien supuestamente habría fallecido en 1934 sin dejar descendencia. Los verdaderos herederos, residentes en Alemania, desmintieron conocer a las personas mencionadas en la sentencia falsificada.
Según los resultados periciales, se intentó establecer una cadena sucesoria falsa, incluyendo la simulación de hijos, nietos y hasta un supuesto heredero localizado en Neyba, Bahoruco, que habría sido declarado con el nombre "Eduardo", como parte de la maniobra fraudulenta.
Las autoridades han calificado este caso como un intento masivo de despojo patrimonial mediante el uso sistemático de documentos alterados, una red de falsificadores, y mecanismos jurídicos simulados. Con esta confirmación oficial, se espera que el Ministerio Público proceda con acciones judiciales contra los responsables del fraude.
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