Por: Ruperto Alis / Imparcial RD
En pleno siglo XXI, mientras el mundo avanza a velocidades vertiginosas en tecnología, República Dominicana sigue anclada en una realidad frustrante: la mayoría de los usuarios paga por un servicio de Internet que no recibe. La lentitud, las caídas constantes y la falta de respuesta de los proveedores se han convertido en una rutina silenciosamente aceptada. Pero lo más alarmante no es solo el engaño comercial, sino la falta de autoridad real para corregir esta estafa institucionalizada.
La trampa del “hasta” y el marketing engañoso
¿Alguna vez ha leído detenidamente su contrato de Internet? Es probable que no. Y ahí está la primera trampa. Las empresas anuncian velocidades “hasta 100 Mbps”, pero omiten aclarar que esa cifra es un tope teórico, no una garantía. Los usuarios rara vez experimentan esas velocidades, especialmente durante las horas pico. Esto se debe a redes saturadas, infraestructura limitada y una política de venta agresiva sin sustento técnico.
El problema no es técnico. Es ético, legal y político
Muchas compañías aplican lo que se conoce como throttling o limitación deliberada de la velocidad, especialmente cuando se detecta un uso intensivo como streaming o descargas. Es decir, nos venden un servicio “ilimitado” pero luego nos castigan por usarlo plenamente. Y todo esto ocurre bajo la mirada pasiva del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).
Sí, INDOTEL tiene herramientas para medir calidad, publicar datos, emitir resoluciones… pero ¿cuántas veces ha obligado a una empresa a compensar masivamente a los usuarios por incumplimiento? ¿Cuántas veces ha intervenido de oficio para proteger al consumidor?
La indiferencia oficial es cómplice del abuso
La ausencia de una acción firme del regulador convierte a los dominicanos en rehenes de un sistema que lucra con la desinformación. Zonas enteras del país no tienen opciones: un solo proveedor monopoliza la cobertura, sin competencia ni presión para mejorar. Y en zonas urbanas, la competencia es una ilusión: los mismos contratos con letra pequeña, los mismos abusos, el mismo silencio institucional.
¿Qué hacer? La ciudadanía debe despertar
Es hora de transformar la queja en acción. Aquí algunas medidas que todo usuario puede y debe tomar:
1. Medir su velocidad real con herramientas como fast.com, speedtest.net o la app “Mi Internet” de INDOTEL.
2. Revisar su contrato: verifique si hay cláusulas de velocidad mínima garantizada. Si no existen, exija una actualización o considere cambiar de proveedor (si hay opción).
3. Presentar reclamaciones formales ante su proveedor y, si no hay solución, ante INDOTEL. Toda reclamación debe tener número de caso y seguimiento.
4. Denunciar públicamente en redes sociales, etiquetando a la empresa y a @IndotelRD. Las plataformas digitales son una herramienta poderosa de presión social.
5. Unirse a movimientos de consumidores: es momento de crear redes que vigilen colectivamente la calidad del servicio y promuevan litigios colectivos.
El silencio nos cuesta caro
Los dominicanos no merecen un Internet mediocre, caro y limitado. Tampoco merecen contratos diseñados para confundir ni autoridades que miran hacia otro lado. Exigimos un servicio digno por el cual pagamos, con reglas claras y consecuencias reales para quienes no cumplen.
La tecnología no debe ser un lujo ni un privilegio. Debe ser un derecho garantizado con ética, transparencia y justicia.
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