By: Ruperto Alis / Imparcial RD
GINEBRA. La libertad de expresión, pilar esencial de toda democracia, atraviesa un preocupante declive a escala global que amenaza la integridad de los procesos electorales. Así lo advirtió Irene Khan, relatora especial de la ONU sobre la libertad de opinión y expresión, al presentar su informe ante el Consejo de Derechos Humanos.
Según el documento, la combinación de desinformación masiva, polarización política y debilitamiento del sector mediático ha deteriorado gravemente el entorno informativo en períodos electorales. “Aunque las mentiras no son nuevas en política, las plataformas digitales han transformado la manera en que se manipula la información, amplificando su alcance como nunca antes”, afirmó Khan.
Confianza ciudadana en caída libre
El informe destaca un creciente número de agresiones contra periodistas, líderes políticos, minorías y autoridades electorales, así como el uso irresponsable de discursos de odio por parte de figuras públicas, acciones que violan normativas internacionales sobre derechos humanos.
Khan denunció que mientras algunos gobiernos promueven buenas prácticas, otros optan por bloquear el acceso a la información, deslegitimar a medios independientes y criminalizar opiniones críticas bajo el pretexto de combatir la desinformación.
“La responsabilidad de las plataformas digitales es clara: deben priorizar los derechos humanos por encima de sus intereses comerciales”, recalcó. Con la confianza pública en niveles históricamente bajos, instó a Estados, empresas tecnológicas y organizaciones civiles a cerrar de manera conjunta el creciente déficit de confianza democrática.
Tecnologías digitales como herramientas de represión
Gina Romero, relatora especial sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica, también presentó un informe donde advirtió sobre el uso de tecnologías digitales como instrumentos para reprimir a la oposición y restringir el espacio cívico durante el ciclo electoral 2023-2025, en el que votó la mitad de la población mundial.
Romero detalló que prácticas como el uso opaco de sistemas biométricos, reconocimiento facial y software espía generaron un efecto intimidatorio, reduciendo la participación ciudadana y socavando el pluralismo político.
“Estas tácticas represivas sembraron miedo, limitaron las libertades públicas y minaron los procesos democráticos”, declaró.
Criminalización de la sociedad civil y debilitamiento democrático
El informe también denuncia que la sociedad civil fue objeto de estigmatización y persecución. Activistas enfrentaron hostigamiento, detenciones arbitrarias, torturas e incluso asesinatos. Además, algunos gobiernos utilizaron el sistema judicial como arma para silenciar la disidencia.
Romero enfatizó que los Estados deben fomentar el pluralismo, garantizar la libertad de asociación, proteger a los observadores electorales y derogar leyes represivas como la de “agente extranjero”.
“Garantizar libertades antes, durante y después de las elecciones, fomentar la participación inclusiva y tolerar la crítica son acciones esenciales para preservar la democracia”, concluyó.
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