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Envían a juicio a acusados de integrar red vinculada al robo de miles de municiones de la Policía



Santo Domingo, R.D. — El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio contra el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional; el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos, y otros cuatro imputados, señalados por el Ministerio Público de formar parte de una estructura dedicada a sustraer y comercializar ilegalmente municiones y pertrechos de la institución.

La decisión fue adoptada a solicitud del Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales litigantes Emmanuel Ramírez, Melbin Romero y Rosa Ysabel.

Además de Félix Romero y Valdez, fueron enviados a juicio Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez.

La jueza Patricia Padilla también rechazó la solicitud de procedimiento penal abreviado presentada a favor de Miguelina Bello Segura, por lo que ordenó la continuidad del proceso judicial en su contra.

Condenan a uno de los procesados

En el marco del proceso, el tribunal condenó a Marino Antonio Rodríguez Toribio a cinco años de prisión, bajo la modalidad de arresto domiciliario, luego de acoger parcialmente un acuerdo alcanzado entre el Ministerio Público y el procesado.

Asimismo, dispuso la clausura definitiva de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., representada por Rodríguez Toribio, además del pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

La decisión también contempla el decomiso de los bienes que habían sido incautados en relación con el encartado y la referida razón social.

Cambian medidas de coerción

El tribunal varió la prisión preventiva que pesaba contra Féliz Romero, Valdez, Martínez Basilio, Díaz Medina y Medina Pérez por una garantía económica de RD$500,000, mediante contrato de fianza con una compañía aseguradora.

A estas personas también se les impuso impedimento de salida del país sin autorización judicial y la obligación de presentarse periódicamente ante el Ministerio Público.

En cuanto a Santos Rodríguez, permanecen vigentes las medidas de coerción consistentes en garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica.

La decisión de apertura a juicio fue notificada mediante la Secretaría del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.

Operación Pandora destapó la estructura

El grupo fue arrestado en noviembre de 2024, durante la denominada Operación Pandora, investigación mediante la cual el Ministerio Público desarticuló una presunta red de corrupción vinculada con la sustracción de miles de municiones y otros pertrechos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional durante la gestión de Féliz Romero.

De acuerdo con la acusación presentada por la Pepca, el entramado habría provocado un perjuicio económico al Estado estimado en RD$92,191,732.92, mediante la extracción y posterior comercialización ilícita de proyectiles, armas y explosivos pertenecientes al cuerpo del orden.

El expediente sostiene que los involucrados actuaron de manera coordinada para distraer bienes propiedad de la Policía Nacional y colocarlos posteriormente en el mercado ilegal, con el propósito de obtener beneficios económicos en detrimento del patrimonio público.

Acusados de varios delitos

El Ministerio Público atribuye a los imputados delitos como coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores, en violación de distintos artículos del Código Penal Dominicano.

Asimismo, la acusación contempla infracciones a la Ley 631-16 sobre Armas, relacionadas con el tráfico ilícito de armas de fuego, municiones, explosivos y accesorios.

El órgano persecutor también imputa a los miembros de la presunta organización la comisión de legitimación de capitales provenientes del tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos, además de violaciones a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Con el auto de apertura a juicio, el proceso avanza hacia una nueva etapa en la que los acusados deberán responder ante un tribunal de fondo por los hechos que les atribuye el Ministerio Público.